El destino final del nuevo movimiento campesino en formación es incierto. La naturaleza desigual de las fuerzas que lo integran, el malestar profundo, pero aún desorganizado de la sociedad rural, la vacilante actitud del gobierno federal ante la negociación y la inminencia de elecciones en todo el país empujan la frágil convergencia hacia derroteros inesperados.
El PRD es un partido con graves conflictos de identidad. Surgido del encuentro entre nacionalistas revolucionarios y buena parte de la izquierda socialista, rehuyó las definiciones ideológicas sin avanzar en la construcción de una propia. Mitad partido, mitad movimiento, terminó adquiriendo los vicios de ambos: burocracia, corporativismo disfrazado y clientelismo. No ha podido institucionalizar su funcionamiento ni tampoco servir de punto de apoyo eficaz a las luchas sociales.
Fiel a la máxima que recomienda abrir la boca para proteger la cartera, don Rogelio Charteris Reyes decidió defender el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y sin ambages declaró que el acuerdo comercial "ha sido bueno".
Luis Téllez ocupa un lugar privilegiado en la galería del dogmatismo oficial mexicano. Incapaz de reconocer el fracaso de los capítulos agropecuarios del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), de los que fue uno de los principales negociadores, declaró el pasado jueves 16 de enero: "El TLCAN no falló, pero la realidad no se ajustó a lo que se preveía". En otras palabras: si la realidad no sigue el dogma, peor para la realidad.
Acostumbrados a mirar hacia el norte, Javier Usabiaga, secretario de Agricultura, y el presidente Fox no escuchan las voces de los campesinos mexicanos que exigen una moratoria al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC).
El calendario cívico-político de la sociedad rural tiene dos fechas claves: 6 de enero, día de la promulgación de la ley agraria de Venustiano Carranza, y 10 de abril, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata.
Este año el gobierno de Vicente Fox celebró el 6 de enero en Veracruz y en Los Pinos, abrumado por la efervescencia del descontento campesino nacional.
El gobierno federal volvió a tirar la toalla. No quiere más pleitos con la nomenclatura agraria del Congreso Agrario Permanente (CAP). Si apenas hace dos años los consideraba líderes corruptos con los que no había que negociar, hoy los reconoce como sus interlocutores para formalizar un "Acuerdo para el Campo" y crear una política de Estado para el sector rural.
Lo dijo George W. Bush: la España de José María Aznar es una pieza clave de la estrategia estadunidense de lucha contra el terrorismo. Como gendarme del Imperio, su armada detuvo ilegalmente en alta mar un carguero con armamento norcoreano -que Estados Unidos dejó después en libertad sin informar a los hispanos-, sus policías investigan los atentados en Kosovo y su sistema de justicia persigue y encarcela a los independentistas vascos.
El tiempo rural y el reloj de la política mexicana coincidieron este fin de año en la ciudad de México. El descontento acumulado en el agro durante los pasados 10 años se condensó en las movilizaciones campesinas para presionar al Congreso y al gobierno federal en la hora de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2003.
El juez Baltasar Garzón es un hombre que levanta polémica. Para unos es un desinteresado luchador contra la injusticia y el terrorismo que merece recibir el Premio Nobel de la Paz. Para otros es un dos caras que viola derechos humanos elementales y realiza su labor con exhibicionismo y maldad. En México, el proceso seguido contra el dictador Augusto Pinochet le creó una imagen de paladín de las causas justas.