La Jornada cumple 25 años. Contra la corriente, en medio de una gran competencia, se ha consolidado como un periódico de referencia. Y no sólo dentro de México. Diariamente, gracias a Internet, es leído por miles de personas en todo el mundo que no nada más buscan la información de lo que sucede en el país, sino lo que escriben sus corresponsales y varios de sus articulistas.
Elba Esther Gordillo acaba de recibir un sonoro descontón en la ciudad de México: en un hecho inédito, los dirigentes magisteriales de los maestros de primaria, prescolar y educación especial del Distrito Federal, que ella impuso, fueron desconocidos por las autoridades.
No es sopechosismo. Es el peso de las evidencias. Después de muchos años en que la matanza de Acteal se encontraba en el limbo político y jurídico, súbitamente el caso se comenzó a volver un tema de la agenda política nacional a partir de los comicios presidenciales de 2006. De manera simultánea, se trató de rescribir la historia del crimen de Estado para exculpar ante la opinión pública a sus responsables intelectuales.
Fue una misión de purificación, una acción noble. Se trataba de acabar con los pukuj (clase de demonio en tzotzil) y con los gusanos que contaminaban el pueblo. Por eso se prepararon para atacar Acteal un día después. Era el 21 de diciembre de 1997.
No es una visión maniquea y simplista. La masacre de Acteal es lo que es: un crimen de Estado perpetrado por el gobierno de Ernesto Zedillo. La liberación de 20 de los paramilitares responsables de la matanza por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que no se les siguió un debido proceso, no tapa este hecho. La razón jurídica no puede ocultar la verdad histórica.
Nadie puede decir que Felipe Calderón no cumple sus promesas de campaña. Durante las elecciones presidenciales de 2006 se comprometió a revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal. Mañana miércoles, dos años y medio después de ese compromiso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparará a los paramilitares que asesinaron a 45 personas en esa comunidad.
José González Figueroa es director de la Telesecundaria 190-F, en ciudad Nezahualcóyotl. Hasta los 21 años trabajó en la cadena de hoteles Hilton, en Acapulco. Fue jefe de lavaplatos y garrotero, al tiempo que estudiaba la secundaria. Ganaba 50 pesos diarios y la comida, mucha plata para aquel entonces. Renunció el día en que uno de los gerentes, un estadunidense, lo humilló porque le había llevado un café sin cuchara para remover el azúcar.
Martha López es profesora de quinto y sexto grados de primaria en una escuela de San Miguel Teotongo, en la ciudad de México. Tiene 46 años. Desde muy pequeña quedó huérfana. Para sobrevivir trabajó de sirvienta. Estudió en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de 1980 a 1984. Es socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Hizo una maestría en investigación educativa en el Instituto de Ciencias Pedagógicas de Cuba. Además de su esfuerzo y trabajo personal, es quien es gracias a la educación pública.
Brotes de descontento contra la minería a cielo abierto han aflorado por todo el territorio nacional en años recientes. Habitantes urbanos, ejidatarios y comuneros indígenas han bloqueado los caminos de entrada a las minas para protestar contra la devastación ambiental, los daños a la salud y los contratos desventajosos de las grandes compañías trasnacionales extractoras de minerales. Con frecuencia, el gobierno ha reprimido a los inconformes.
En varios estados de la República existe inconformidad con las tarifas eléctricas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pobres urbanos, comunidades rurales, clases medias y agricultores de Campeche, Chihuahua, Nayarit, Tabasco, Chiapas y Veracruz (por citar algunas entidades) se han organizado para resistir lo que consideran un costo abusivo del fluido eléctrico que usan. Han hecho huelgas de pago y marchas, ocupado edificios públicos y reinstalado el servicio cuando los trabajadores de la paraestatal se lo desconectan.