Luis Hernández Navarro, 23 de diciembre de 2025
Hay ocasiones en las que el arte anticipa la realidad. Para comprender mejor la urbanización salvaje en México que hoy se ceba sobre los pobladores de Milpa Alta, vale la pena ver la película Las manos sobre la ciudad, del director de cine italiano Francesco Rosi.
Hace 62 años, en este filme, Rosi narró la historia de una ciudad que crece bárbaramente y se deshace de lo “viejo” para “modernizar” Nápoles. En santa componenda, políticos, empresarios y funcionarios públicos hacen grandes negocios construyendo nuevas viviendas sobre predios agrícolas, modificando los planes de desarrollo municipal y revalorando los terrenos.
Rosi nos cuenta una historia de corrupción, sobornos, recalificación fraudulenta de terrenos, favoritismos y dádivas. Sin ambigüedad, muestra la puesta en práctica de una política sin referentes éticos, partidos que son agencias para realizar negocios inmobiliarios, la carencia de políticas de desarrollo urbanas y el choque entre bienes públicos e intereses privados. Aunque la película transcurre en Nápoles, bien podría desarrollarse en Milpa Alta.
Milpa Alta es una de las alcaldías que forman la Ciudad de México. Allí están asentados y conviven nueve pueblos originarios y avecindados. Se reconocen como descendientes de los fundadores ancestrales. A pesar de estar en las mismas entrañas del monstruo, preservan vivos sistemas normativos, cultura local y vida asamblearia para tomar decisiones. Han resistido a lo largo de los últimos 55 años procesos de urbanización salvajes, impulsados en nombre del “progreso”.
A lo largo de todo este tiempo, comuneros y pobladores han enfrentado múltiples desafíos. En la década de los 70, lucharon exitosamente para conservar sus bosques y su agua en contra de la papelera Loreto y Peña Pobre. Recuperaron sus organizaciones agrarias y se deshicieron de representantes espurios. La gente tiene muy presente la resistencia en la década de los 70 y de los 80, cuando se fundó la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en Milpa Alta. En un episodio digno de un Fuenteovejuna contemporáneo, en 1980 a Daniel Chícharo, representante comunal de Milpa Alta, un tipo a un tiempo temido y aborrecido, los comuneros le prendieron fuego en una asamblea. Murió unas horas después.
El más reciente episodio de este conflicto incesante entre los intereses de los desarrolladores inmobiliarios y los habitantes que defienden sus tierras y territorio, tuvo lugar al mediodía del pasado 21 de diciembre. Ese día, un grupo minoritario intentó imponer una asamblea extraordinaria cerrada en la plaza del pueblo de San Francisco Tecoxpa. Su objetivo era avalar a mano alzada el proyecto de la línea 6 del Cablebús.
Como denunciaron los comuneros originarios y el núcleo de la Comunidad Agraria de Hecho e Indígena de Milpa Alta, la reunión no fue una asamblea de la comunidad, sino una simulación. Fue convocada sin legalidad, sin representación legítima y en abierta violación al artículo 27 constitucional, la ley agraria y la comunidad agraria. Hoy –señalan– no existe representación legal que pueda convocar a una asamblea de comuneros y comuneras. Por lo tanto, lo ocurrido no fue una asamblea, sino una imposición.
Según explica Carlos González, asesor legal de los comuneros desde hace años, todo el procedimiento ha estado viciado de origen. Según él, “la aprobación del protocolo, el 10 de diciembre, sin conocimiento del pueblo, fue una vacilada. El 15 de diciembre fue la etapa informativa. Duró apenas dos horas. La asamblea no tuvo convocatoria ni difusión”.
Detalla: “lo que más le duele a los pobladores que se oponen al Cablebús es que Milpa Alta está integrada por nueve pueblos y tiene un doble carácter: indígena y comunal. En la parte agraria, de acuerdo al 27 constitucional, únicamente la asamblea general de comuneros de los nueve pueblos de Milpa Alta puede decidir el destino de sus tierras. Pero la parte agraria es negada por el gobierno. Dice que no, que sólo quiere la consulta indígena, lo que los comuneros consideran que es una simulación”.
Y –añade– “en la parte indígena, el gobierno ha construido interlocutores a modo y autoridades tradicionales a conveniencia. Lo correcto sería una consulta a la comunidad de Milpa Alta conformada por sus nueve pueblos”.
El supuesto representante de San Francisco Tecoxpa, uno de los nueve pueblos comuneros, es Luis Linares. Él fue quien convocó la asamblea espuria del pasado domingo. Se ostenta como representante comunal auxiliar, pero nadie sabe cómo obtuvo su nombramiento. Nadie recuerda que se haya hecho una asamblea para nombrarlo. En 2018, murió don Julián Flores, el representante general de los nueve pueblos. En ese entonces, Linares se hizo pasar por representante general, pero el Tribunal Unitario Agrario Distrito 8 lo bateó.
Los comuneros denuncian que Linares se ha enriquecido manejando brigadas forestales que reciben fondos de Corena, integradas por aviadores. Esos aviadores y sus familias, así como otros beneficiados de diversos programas gubernamentales, fueron obligados a ir a la asamblea del 21. Además, controla sitios de taxis y a tianguistas. Está aliado con el alcalde Octavio Rivero Villaseñor, un personaje que, por decirlo suavemente, ha dado mucho de qué hablar.
El proyecto de programa de ordenamiento territorial que se quiso imponer hace dos años en Milpa Alta y que paró la comunidad señalaba, a partir de diversos estudios, que si crece la red de infraestructura de transporte masivo (como sería con el Cablebús), el coeficiente de utilización del suelo (CUS) se incrementaría de 0-2 a 2-4. Es decir, se prevé un aumento de 400 por ciento de construcción. Densificar la edificación de este modo es hacer crecer la ciudad bestialmente y acabar con sus reductos de vida rural.
En palabras de un comunero, el Cablebús no es un proyecto de movilidad, es un proyecto de urbanización. Milpa Alta es hoy la versión náhuatl de la película de Francesco Rosi Las manos sobre la ciudad.
X: @lhan55
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